Durante la visita fugaz del presidente Barack Obama a la Argentina, The New York Times publicó una columna de opinión que sostiene que la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala ilustra el nuevo enfoque de “mano dura” del Gobierno de Mauricio Macri. El texto titulado “Lo que Obama debe saber sobre la Argentina de Macri” fue publicado en la edición del 23 de marzo, y lleva las firmas de Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Buenos Aires), y de Ernesto Semán, profesor de Historia en la Escuela de Estudios de Liderazgo Jepson de la Universidad de Richmond (Virginia, Estados Unidos).
Los columnistas presentaron a Sala como una “reconocida activista social del noroeste del país”, que fue detenida en enero a instancias del gobernador Gerardo Morales, un aliado político de Macri. “Su detención ha generado rechazo internacional; el Papa Francisco, Naciones Unidas y Amnistía Internacional han expresado su preocupación. Pero no la Casa Blanca: al anunciar la visita, Obama agradeció a Macri por sus ‘aportes a la defensa de los derechos humanos en la región’”, expresaron.
Si bien Chillier y Semán dijeron que un reconocimiento del papel maligno que jugó EE.UU. en los primeros años de la última Dictadura argentina era bienvenido, advirtieron que ignorar las señales de alarma sobre el impacto en los derechos humanos generadas por las acciones recientes de Cambiemos implicaba un recordatorio preocupante del pasado.
“Pena de muerte”
En el espacio de opinión del influyente diario estadounidense, los columnistas afirmaron que la organización de Sala había desempeñado un rol importante al ofrecer viviendas, trabajos y educación a grupos marginados socialmente. “Sala fue detenida por liderar una protesta de trabajadores cooperativistas, desempleados e indígenas en una de las provincias más pobres del país. Después, fue acusada de malversar fondos públicos. Esa investigación judicial debe seguir su curso, pero el debido proceso exige que, mientras tanto, no sea encarcelada”, opinaron.
Chillier y Semán vincularon la detención “arbitraria” de Sala con una serie de medidas tomadas por la administración de Macri que, según su criterio, han debilitado el Estado de Derecho con el pretexto de la seguridad, la libertad económica y la guerra contra las drogas. “En enero, unas semanas después de asumir, Macri declaró la emergencia de seguridad que permitió que las fuerzas militares derriben aviones no identificados sospechados de estar vinculados con el narcotráfico”, explicaron. Y añadieron: “en los hechos, el Presidente ha decretado una pena de muerte de facto sin juicio previo. Esta política ha sido criticada como un ejemplo de la ‘narcotización’ de la seguridad pública y va en contra de los principios centrales de las reformas argentinas posdictadura, que prohíben la intervención militar en la seguridad interior”.
Los columnistas comentaron que igual de preocupante era el nuevo protocolo para protestas que otorga a las fuerzas de seguridad mayores facultades para reprimir y criminalizar las manifestaciones. “A pesar de sus promesas de campaña de fortalecer las instituciones democráticas, Macri está gobernando en el sentido opuesto. En diciembre, intentó nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de la Nación por decreto y así sortear la aprobación del Senado. Ante el clamor de la sociedad, el presidente dio marcha atrás y mandó los nombramientos al Senado”, expresaron el directivo del CELS y el académico. Y agregaron que una visita presidencial a la Argentina que ignorase cómo el Gobierno está socavando los derechos humanos y las instituciones democráticas, y en su lugar ofrece elogios vacíos sobre sus políticas, iba a ser interpretada correctamente como una vuelta al pasado.